El Movimiento Popular de Resistencia (MPR-12), integrado por expresiones populares como sindicatos de la iniciativa privada, cooperativas campesinas, gremios y asociaciones juveniles y de mujeres en El Salvador.

Como movimiento nos sentimos preocupados por las acciones y decisiones que está realizando el presidente de la República Nayib Buckele, su gabinete y representantes de autónomas. Hasta  la fecha se han realizado mas de 600 despidos injustificados sin apagarse a derecho tal como lo establece el código de trabajo. A sí mismo la ausencia de una política efectiva ante la situación de inseguridad que está afectando a la población, siendo los más vulnerables las juventudes y las mujeres. Más de 25 días de haber asumido su mandato presidencial y su enfoque de trabajo no está relacionado en generar acciones sobre cómo resolver las demandas que los diferentes sectores populares, productores y ambientalistas han venido planteado sobre la problemática de privatización del agua y en como resolverá la situación de vulnerabilidad que se vive en El Salvador.

Por sus posiciones realizadas a través de las redes sociales ha dejado claro que su gobierno responderá a los intereses económicos que históricamente el poder hegemónico ha venido implementando, y no ofrece alterativas ni garantías de cómo resolverá los problemas económicos del país. A tres semanas de instalación del nuevo gobierno aún no se tiene responsables nombrados en diferentes autónomas, lo que genera incertidumbre y vulnera la institucionalidad del Estado y los derechos pueblo salvadoreño. Por lo que demandamos.

  1. Reinstalode los empleados y empleadas que injustamente han sido sujetos de despidos sin el debido proceso.
  2. Se pronuncie sobre la creciente situación de migración y busque alternativas económicas hacia la población para evitar la misma.
  3. Fortalezca la institucionalidad construida hasta la fecha y se apegue a ella.
  4. Abra espacios formales de encuentro y dialogo con la sociedad organizada para discutir propuestas relacionadas con la problemática social, económica, política y ambiental del país.
  5. Que interceda de inmediato la aprobación de la ley general del agua, y agilice la implementación de la ley prohibición de la minería metálica en el país.
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